Mediante este proyecto de declaración expresamos nuestro más enérgico repudio ante la implementación de protocolos, circuitos administrativos y mecanismos institucionales en el Municipio de San Isidro que obstaculizan, restringen y demoran el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), derechos plenamente garantizados por la Ley Nacional N.º 27.610. Esta iniciativa surge tras las graves denuncias formuladas por organizaciones de derechos humanos, profesionales de la salud y usuarias del sistema sanitario local, quienes advirtieron sobre prácticas de desinformación, presión emocional, dilaciones indebidas y mecanismos de derivación obligatoria que vulneran la autonomía reproductiva, el trato digno y la libertad de decisión de mujeres y personas gestantes.
La gravedad institucional de esta situación radica en la existencia de un protocolo municipal de atención —reconocido judicialmente en el expediente N.º 43.029 del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de San Isidro— que fue elaborado y comunicado internamente mediante el sistema Gestión Electrónica Documental (GED) sin haber sido publicado en el Boletín Oficial ni en el Boletín Municipal, privando a toda la ciudadanía de la transparencia y el control público necesarios. Según las denuncias, este protocolo impone etapas obligatorias ajenas a la ley, como consejerías previas que incluyen prácticas como la entrega de escarpines y pañales, la promoción de la adopción y la utilización de argumentos sin sustento científico, lo cual constituye una clara política institucional de violencia que afecta el ejercicio efectivo del derecho al aborto.