Ante el avance de iniciativas legislativas a nivel nacional que amenazan con desproteger a las víctimas de violencia, expresamos nuestro más enérgico repudio a los Expedientes 0729-D-2025 y S-0228/2025. Estos textos proponen modificar el artículo 245 del Código Penal para incorporar agravantes ante denuncias en contextos de violencia de género, delitos contra la integridad sexual y vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Consideramos que estas medidas resultan profundamente regresivas en materia de derechos humanos y operan como un bloqueador directo para el acceso a la justicia.
El principal problema de estas reformas es que se sostienen sobre la premisa infundada de una supuesta proliferación de denuncias inventadas. La evidencia oficial demuestra exactamente lo contrario: a modo de ejemplo, durante 2023 se dictaron 23.419 sentencias condenatorias en el país y solo 60 correspondieron a falsas denuncias. En la práctica, agravar estas penas introduce un mecanismo de autocensura, donde personas en situación de extrema vulnerabilidad pueden optar por el silencio ante el miedo de ser criminalizadas si no logran sortear las enormes barreras probatorias que caracterizan a estos delitos cometidos en el ámbito privado.
Además de castigar injustamente a quienes buscan ayuda, esta modificación amplía la responsabilidad penal hacia testigos, peritos e intérpretes, desalentando intervenciones profesionales que son claves para proteger a las infancias. Todo este andamiaje resulta incompatible con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país, como la Convención de Belém do Pará y la Convención sobre los Derechos del Niño. Entendemos que las denuncias deliberadamente dolosas ya se encuentran penadas en nuestra legislación actual; por lo tanto, la respuesta del Estado no debe ser generar más miedo u obstáculos, sino garantizar un acompañamiento judicial eficiente y evitar cualquier forma de revictimización.