Este proyecto tiene como objetivo establecer lineamientos obligatorios destinados a una intervención integral, interinstitucional y estratégica de los tres poderes del Estado provincial en situaciones de violencia por motivos de género. Ante la fragmentación de la respuesta estatal que debilita las medidas de protección y contribuye al escalamiento de los hechos de violencia, esta iniciativa propone una actuación judicial regida por la debida diligencia reforzada, garantizando que el Estado actúe con exhaustividad y celeridad ante denuncias previas, evitando el tratamiento aislado de los casos.
El proyecto dispone, entre otros puntos fundamentales, la obligatoriedad de realizar una búsqueda integral de antecedentes y causas previas del presunto ofensor, la creación de un Protocolo Único de Intervención por parte de la Suprema Corte y el Ministerio Público, y el establecimiento de un sistema de seguimiento y alertas tempranas para identificar situaciones de riesgo creciente. Además, introduce la ausencia de perspectiva de género como una causal especial de mal desempeño para magistrados y funcionarios, y habilita la disposición de asistencia a programas educativos o de abordaje integral como regla de conducta o medida cautelar para los agresores. Con este marco, busca consolidar un modelo judicial que supere la ineficacia de las medidas aisladas, priorizando la prevención temprana y la articulación formal con organismos de seguridad, salud y desarrollo social para proteger la vida y la integridad de mujeres y personas LGTIBQ+.