El proyecto propone la modificación del artículo 41 de la Ley 12.256 de ejecución penal en la Provincia de Buenos Aires, con el propósito de garantizar un abordaje terapéutico específico para las personas privadas de la libertad por delitos en los que se haya verificado el ejercicio de violencia contra la mujer. La iniciativa busca asegurar que el Estado provincial, a través del Poder Judicial y el Servicio Penitenciario, articule los medios necesarios para el diseño y conformación de programas terapéuticos que garanticen el principio de individualidad y los objetivos de la pena.
Para superar las limitaciones actuales de infraestructura y recursos humanos en las sesenta unidades penitenciarias de la provincia, el proyecto faculta a los jueces de ejecución a incluir a los internos en estos programas, autorizando incluso su dictado a través de medios telemáticos cuando no sea posible la presencialidad. La propuesta se fundamenta en la necesidad de que la violencia de género, más allá de la sanción penal, reciba un tratamiento que promueva la comprensión y reflexión en el agresor, evitando la reincidencia y favoreciendo la resocialización.