Por Sofia Vannelli*
Cada 1° de mayo nos convoca una memoria compartida: la lucha histórica de las y los trabajadores por condiciones dignas, derechos laborales y reconocimiento social. Sin embargo, este Día Internacional de los Trabajadores no se celebra en tiempos sencillos.
Vivimos una transformación profunda del mundo del trabajo, marcada por la irrupción de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, la automatización y las nuevas plataformas digitales. Este proceso reconfigura los modos de producir, los perfiles laborales, las formas de vincularnos y, sobre todo, las oportunidades de desarrollo personal y colectivo.
La inteligencia artificial (IA), con su capacidad de procesar datos, tomar decisiones autónomas y reemplazar tareas cognitivas, ya no es una promesa de futuro, sino una realidad del presente. Desde diagnósticos médicos hasta redacción de textos, pasando por la atención al cliente o la logística, la IA impacta en todos los sectores. Pero lo hace de manera desigual: mientras para algunos representa eficiencia y productividad, para otros implica incertidumbre, desplazamiento o precarización.
El verdadero desafío no es la tecnología en sí, sino cómo la sociedad elige gestionarla. ¿Vamos a permitir que la IA consolide desigualdades o la vamos a orientar hacia un horizonte de justicia social?
En este contexto, el trabajo sigue siendo un pilar insustituible para la dignidad humana y para la cohesión social. No solo es una fuente de ingresos: es un espacio de identidad, de participación, de construcción de comunidad. Por eso, defender el derecho al trabajo no es aferrarse al pasado, sino comprometerse con un futuro donde nadie quede afuera.
Pero para garantizar ese futuro inclusivo, el otro gran eje es la educación. La movilidad social ascendente —esa posibilidad de que alguien mejore su calidad de vida más allá del origen socioeconómico de su familia— depende cada vez más de la capacidad de adaptarse, de aprender de forma continua, de entender el lenguaje de los cambios. En un mundo donde el saber técnico, la creatividad y el pensamiento crítico son claves, necesitamos políticas educativas ambiciosas, equitativas y profundamente democráticas.
Educar para la tecnología, sí. Pero también para la ciudadanía, para el trabajo colaborativo, para la ética del cuidado, para la responsabilidad social.
El Estado, el sector privado, los sindicatos, las universidades y la sociedad civil deben asumir una responsabilidad compartida: construir un nuevo contrato social donde el avance tecnológico no sea una amenaza, sino una herramienta para ampliar derechos.
Este 1° de mayo, más que nunca, debemos volver a preguntar: ¿para quiénes trabaja el progreso? La respuesta no puede ser otra que la que nos enseñaron quienes pelearon por la jornada de 8 horas, por el descanso, por el salario justo: el progreso debe ser con todos y todas adentro.
Porque sin justicia social, no hay futuro que valga la pena.