El Plan Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA) es una política pública implementada a nivel nacional desde 2018 hasta la actualidad y ha tenido resultados positivos para revertir tal problemática social y de salud, tratándose de una de las más complejas de abordar, logrando reducir la tasa en un 50% en cinco años. Por eso declararamos nuestra preocupación y repudio respecto de la decisión del Gobierno Nacional de rediseñar dicho plan.
El Plan se diseñó en 2016 y fue impulsado desde la organización no gubernamental CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento) junto con el CEDES (Centro de Estudios de Estado y Sociedad) y fue receptado por el Ministerio de Desarrollo Social y específicamente por la SENAF (Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia).
En 2017 nacieron en el país 704.609 niños y niñas, de los cuales un 13% (94.079) eran hijos de adolescentes menores de 20 años y 2.493 de niñas menores de 15 años y, tras la implementación del Plan, las últimas estadísticas dieron cuenta de 46.236 nacimientos entre adolescentes de 15 a 19 años y 1.394 de niñas menores de 15 años, esto es que el Plan Enia logró reducir los embarazos en la adolescencia a la mitad.
Desde hace décadas, en casi todos los países del mundo se trabaja para que desciendan las tasas de embarazo en la adolescencia. Las razones van desde los enormes riesgos físicos que implica para cuerpos aún en desarrollo, hasta los problemas psíquicos que puede desencadenar, además de los determinantes económicos y laborales que provoca en las trayectorias de vida.
Argentina tiene una tasa de fecundidad adolescente de 25 cada 1000 en una región en la que la tasa de fecundidad adolescente es de 67 por 1000 adolescentes. El Plan ENIA es un ejemplo de política pública para América Latina y el Caribe.
El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que en el marco de las auditorias que está llevando adelante el gobierno nacional, en este caso en el Ministerio de Salud de la Nación, se finalizó el contrato con 619 consultoras en torno a los 1.150 millones de pesos en el marco del rediseño del Plan Enia. Lo que en realidad refiere el vocero es que dieron de baja a los contratos de menos de $200.000 (Pesos doscientos mil) cada uno, que recibían psicólogos/as , médicos/as, enfermeros/as y docentes en todo el país que trabajaban en este programa.
Que no hay nada irregular en esas contrataciones –al menos la auditoría realizada no informó nada acerca de ello-, lo cual trasluce simplemente la ciega vocación de ajuste del gobierno nacional, que le impide siquiera evaluar que disponer recursos para el ENIA ahorra embarazos no deseados adolescentes con todo el costo social, familiar y económico que esos embarazos generan.
Las adolescentes de toda la Argentina merecen un mejor trato y el Estado Nacional debe garantizar sus derechos humanos y promover condiciones que permitan su pleno desarrollo, ofreciendo respuesta eficaz a los problemas de salud sexual y reproductiva en el país.
Por lo expuesto es que presentamos el siguiente proyecto 👇