Desde la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires se impulsa la actualización del Código Procesal Civil y Comercial en su capítulo sobre Alimentos.
Consultada sobre este proyecto, la legisladora del Frente Renovador – Unión por la Patria, Sofía Vannelli, destacó:“Queremos que la provincia incluya procedimientos sobre la obligación alimentaria, donde se proteja el interés superior del niño, niña o adolescente, permitiendo a los jueces fijar una cuota alimentaria de forma inmediata y provisional, basada en la Canasta Básica Total de Alimentos regulada por el INDEC”.
Según Vannelli, esta medida permitirá que, ante una denuncia por incumplimiento de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental -sin importar la naturaleza de la filiación-, los jueces puedan determinar de inmediato una suma provisional. Esto evita que el progenitor a cargo tenga que probar el costo de vida o el monto necesario para garantizar los derechos de los menores, fortalece la autonomía de las mujeres que litigan sobre este tema y asegura una respuesta judicial rápida, ágil y flexible.
En este contexto, Vannelli propone utilizar el Índice Crianza, elaborado mensualmente por el INDEC, como referencia para determinar la cuota alimentaria. Este índice, creado durante la gestión económica de Sergio Massa, facilitará la armonización de las normativas provinciales con las nacionales.
Cabe destacar que en muchos casos, el monto de la cuota alimentaria que se cumple es insuficiente y apenas cubre algunos gastos o necesidades específicas.
El Índice Crianza elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) de Argentina es una herramienta que permite calcular el costo mensual de la crianza de un niño, desde su nacimiento hasta los 12 años. Este índice se utiliza como referencia para fijar la cuota alimentaria en casos de divorcio o separación. Los parámetros económicos son:
Finalmente, Vannelli enfatiza la necesidad de:“Establecer parámetros claros para la determinación de la obligación alimentaria derivada de la responsabilidad parental, garantizando así el derecho humano a vivir con dignidad y a tener un nivel de vida adecuado. Es esencial reconocer la desigualdad entre las partes en el proceso de alimentos y equiparar la situación de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en desventaja”.
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