Es necesario establecer un sistema racional para la administración de bienes secuestrados y/o decomisados en causas penales.
El régimen actual ha devenido obsoleto en términos prácticos, en gran medida, por los depósitos destinados a esos fines se hallan totalmente colmados y el estado de conservación y su custodia es deficiente. De allí que la regla general derivada de esta Ley vigente sea la venta en remate público.
El paradigma actual, por el contrario, ve en esos objetos una oportunidad, principalmente de reparación y también a los fines de lograr el desmantelamiento de las organizaciones delictivas, hoy convertidas en el centro de las investigaciones de la justicia penal. Es así que se habla de bienes recuperados.
Esta realidad ha hecho que se multiplicase geométricamente el número de bienes secuestrados pero sin un sistema racional de administración. La porosidad de la normativa actual ha permitido que se registren iniciativas virtuosas de reparación y reutilización social pero también procederes poco transparentes y abusos de poder, en detrimento del patrimonio de las personas, del principio de defensa, de los derechos de las víctimas y de la ciudadanía en general.
Por eso, proponemos una nueva legislación que provea un sistema de administración moderno, donde se respete el ejercicio de la jurisdicción pero se excluya la arbitrariedad, y donde se asegure una gestión eficiente de los bienes sin sacrificar derechos y garantías.
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