La Marcha Federal Universitaria es promovida en defensa de ese bien común que es la Educación Superior Universitaria por todos los actores involucrados en su existencia, desde el Consejo que reúne a los rectores, hasta las Federaciones estudiantiles, pasando la totalidad de los sindicatos y federaciones que representan tanto a docentes como a personal no docente. Pero fundamentalmente, es apoyada por la comunidad que reconoce en la inversión educativa, y no el gasto como se visualiza desde una óptica reducida y mercantilizada, un pilar de una sociedad más cohesionada, igualitaria y desarrollada a la que los argentinos no estamos dispuestos a renunciar.
El sistema universitario goza de un prestigio reconocido a nivel mundial. En forma reciente ello fue suscripto por 68 ganadores del Premio Nobel que expresaron su preocupación ante el desfinanciamiento que atraviesa el sistema científico argentino desde la asunción del actual presidente, algo que trasciende las diferencias ideológicas y las adscripciones políticas.
Los rankings internacionales ubican a las universidades estatales de nuestro país entre las mejor posicionadas de la región y con los más altos índices de eficiencia en la relación entre esfuerzo presupuestario estatal y logros obtenidos. El crecimiento de la extensión territorial de nuestras universidades nacionales ha permitido aumentar significativamente el acceso y la graduación de primeras generaciones de jóvenes con estudios universitarios en un mundo donde se multiplica la demanda de trabajadores con mayores acreditaciones de conocimiento.
En el año 2023, el Poder Legislativo arribó a consensos multipartidarios para sancionar compromisos en políticas de Estado para el financiamiento educativo como porcentaje del Producto Interno Bruto incluyendo en ellos al sistema universitario público y la inversión en ciencia y técnica que, por la matriz de investigación de nuestro país, se encuentran profundamente entrelazados.
A pesar de estos consensos sociales y políticos, el actual Poder Ejecutivo Nacional prorrogó el presupuesto vigente a diciembre de 2023. Esto significa, en los hechos, una «licuación» debido al alto índice de inflación. Incluso tomando el Relevamiento de Expectativas de Mercado del BCRA, mantener este presupuesto implicaría un ajuste del 75% del gasto de la Administración Pública Nacional. El presupuesto para las actividades destinadas a infraestructura universitaria tiene una caída de un 75% respecto a 2023 y el 92% respecto a lo ejecutado en 2022. En particular, los salarios de docentes de universidades, que habían caído un 30% entre 2015 y 2019 y no lograron recuperarse a esos niveles entre el 2019 y el 2023, en estos 3 meses del nuevo gobierno acumulan una caída similar a la de los 4 años del gobierno macrista. De mantenerse la tendencia, caerían un 75.7% en 2024.
La preocupación por la educación en general y por el sistema universitario en particular es transversal a muchos idearios políticos y es por eso que decidimos elevar el siguiente proyecto de declaración: